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Reivindicar la política. Luchar contra la corrupción. Por Juan Vicente Pérez

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El ecosistema político español ha vivido en la última década una verdadera implosión. La onda expansiva de las múltiples causas abiertas en nuestros tribunales, con la corrupción en el epicentro del problema, ha generado un verdadero cambio de paradigma, no solo de su percepción/difusión, en la que los Medios de comunicación han jugado un papel determinante, sino y de manera espacial a la hora de establecer nuevas barreras que frenen esa lacra de la sociedad, desde que el mundo es mundo.

Los ciudadanos están experimentado también un cambio cualitativo. Actores pasivos de un sistema que ha primado el vínculo Partidos/Estado,  que están dispuestos a asumir su protagonismo ante ese nuevo escenario de la Delibecracia, la democracia deliberativa que busca resituar a la ciudadanía en el epicentro del ecosistema político, para poder afrontar con mayores garantías los retos de nuestras sociedades cada vez más complejas. De ahí la importancia de recuperar y potenciar ese otro vínculo que apuntale nuestra arquitectura democrática, que nos permita recuperar la confianza perdida en nuestras Instituciones y poner en valor la acción política a través de sus legítimos representantes. Ese vínculo es el de los Partidos y la Sociedad.

En pleno debate sobre el papel de los Partidos Políticos, es necesario seguir avanzando en el estudio y análisis de sus debilidades y amenazas para poder así potenciar sus fortalezas y oportunidades. Y ahí es determinante la interacción entre el mundo académico y el ecosistema político. Otro vínculo bidireccional, necesario para el diseño de políticas públicas que superen errores del pasado.

El planteamiento de mi exposición busca poner en valor el trabajo legislativo, precisamente en la línea de apuntalar esa trilogía inexcusable para la Transparencia y el Buen Gobierno: transparencia, participación y colaboración. Elementos del Open Government, que reivindican los principios y valores de esa Alianza para el Gobierno Abierto que desde 2011, establece un marco de colaboración internacional, para implementar reformas comprometidas con la rendición de cuentas, con la apertura de las estructuras de poder para que los gobiernos sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia los ciudadanos.

Desde entonces OGP ha pasado de 8 países participantes hasta contar con 64 en la actualidad. En todos esos países, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto.

Todo un reto y una necesidad para embridar la desafectación galopante de una sociedad que busca referentes éticos y morales, que necesita apuntalar los cimientos de nuestro sistema democrático,  ahora cuestionado ante el avance de los populismos salvíficos con sus devastadores efectos colaterales. Una alarma generalizada en las democracias occidentales, principalmente en este viejo continente, cuna de la civilización occidental. Unos cleavages que vienen reproduciéndose en todos los avances y estudios que el CIS nos aporta pormenorizadamente y que son un reflejo de la situación del ecosistema político actual, en toda su transversalidad.

Por ello, y dada la triste realidad que nos sacude día a día, con informaciones constantes sobre los procedimientos judiciales en marcha, consideraba importante trasladar el trabajo y el esfuerzo del propio sistema, por erradicar esa sensación generalizada, preocupante y peligrosa de una sociedad sumida en la corrupción. Por trasladar la garantía en el funcionamiento de nuestras Instituciones y la confianza en que entre todos, podemos acabar con este problema.

Y partía mi exposición, de una aproximación entre dos referencias que el CIS nos aporta. Por un lado los Indicadores de Confianza del Consumidor, con avances significativos respecto al 2016, al experimentar un crecimiento de 9’5 puntos. La valoración de la situación económica de España, es hoy 16’2 puntos superior a los datos de junio de 2016; las opciones que ofrece el mercado de trabajo se valoran 17’7 puntos por encima del valor de hace un año. Las expectativas respecto al futuro se han incrementado, respecto a junio de 2016, en 9’9 puntos y las referidas al futuro del empleo en 7’2 puntos.

Unos datos que junto a las constantes modificaciones por parte de las Autoridades Económicas respecto a la previsión de Crecimiento de la economía española al alza, confirman que lo macro empieza a calar en lo micro. Que el círculo virtuoso de la economía empieza a surtir efectos beneficiosos para la sociedad, que percibe ya directamente ese nuevo escenario, generado entre todos, de la recuperación y salida de la crisis.

Por otro lado, esta percepción positiva del ICC, contrasta con otro indicador. La corrupción y el fraude siguen instalados en el número dos de los principales problemas de los españoles. Solo superados por el paro, por otra parte muy vinculado en futuras proyecciones al anterior indicador. Una percepción preocupante que dobla a la tercera en el indicador, los problemas de índole económica y a la cuarta, los políticos y su ecosistema.

Si nos paramos a analizar los gráficos de representación de la intención de voto en las elecciones generales, tanto los que reflejan el voto en blanco, los indecisos, como las preferencias a los Partidos, descubrimos esa relación que los picos y depresiones gráficas nos aportan respecto a la volatilidad electoral y la profunda cicatriz democrática, entre 2011 y 2017. Tentado de entrar a la valoración del comportamiento electoral en estos años de profunda crisis económica, pero también social e institucional, he querido poner el acento en las medidas tomadas desde el Gobierno para intentar atajar ese boquete abierto en nuestra principal arteria democrática.

Tras las Generales de 2011, el Partido Popular iniciaba la Xª Legislatura con una mayoría absoluta que, en principio, garantizaba la sostenibilidad del sistema y la gobernabilidad en mitad de la tempestad que nos azotaba. Se necesitaba un importante impulso reformista para atajar una crisis que superaba lo meramente económico para convertirse en una crisis política sin precedentes. La literatura abordaba aquello del “cambio de época”. Una pretensión que la Realpolitk no tardó en desmontar,  al articular una más que necesaria y urgente “época de cambios”.

Por eso, el Gobierno de Partido Popular presentó el paquete de medidas de regeneración democrática más ambicioso de la democracia, incrementando el control de la actividad económica de los partidos políticos, mejorando su funcionamiento interno, reforzando los mecanismos de control, y ofreciendo una respuesta penal contundente frente a la corrupción.

Ante el clima de desafección de los ciudadanos y la falta de confianza en las instituciones, y los casos de corrupción, era necesario y urgente poner los medios para poner fin a este problema, articulando un gran número de medidas destinadas a mejorar los mecanismos de control, con mayor exigencia penal, fomento de la prevención, impulsando la transparencia institucional y de las cuentas de los Partidos Políticos. En definitiva, medidas más contundentes y efectivas contra la corrupción. Medidas de cuya efectividad estamos ahora empezando a recoger los frutos. Eficacia y eficiencia de un sistema que funciona, para garantía de todos los ciudadanos.

Después de 36 años de democracia, el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el plan integral de regeneración democrática más ambicioso de la historia, del cual se han aprobado ya la gran mayoría de las medidas. Se han modificado y aprobado diferentes normas, que incluyen, entre otras, las siguientes:

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

Aprobada por este Gobierno por primera vez tras diez legislaturas democráticas. Cambia la cultura institucional en el ejercicio de funciones públicas y en la ejemplaridad en los comportamientos públicos con normas de rango legal que incluyen parámetros claros de exigencia y responsabilidad que alcanzan a toda la Administración y sus altos cargos, pero también a los partidos políticos y las organizaciones empresariales y sindicales. Una norma que debemos seguir mejorando, una vez comprobado su recorrido.

 

  • Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.

Establece medidas dirigidas a fortalecer la participación en su funcionamiento interno y aumenta su control, fiscalización y transparencia. Además, establece una relación exhaustiva de obligaciones, limitaciones, prohibiciones y sanciones, entre las que cabe destacar:

  • Se ha reducido la subvención ordinaria a los partidos en un 40%.
  • Se ha reducido en un 20% la subvención a los partidos para envíos de publicidad y propaganda electoral.
  • Incrementa la responsabilidad de los partidos respecto de la veracidad de sus cuentas: con la creación del Responsable de la Gestión Económico-financiera, y exigiendo su comparecencia anual en el Parlamento.
  • Exige la presentación de cuentas anuales a todos los Partidos Políticos.
  • Incrementa la exigencia de transparencia en las cuentas, limitando la percepción de donaciones y aumentando las exigencias de información y justificación sobre las subvenciones otorgadas.
  • Establece un control sobre los contratos que realizan los partidos para evitar tráfico de influencias, que deberán inspirarse en los principios de concurrencia, publicidad y transparencia;
  • Refuerza los mecanismos de control sobre la actividad económica y financiera de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos, sometiéndola a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
  • Se limitan las donaciones de personas físicas a la cantidad anual de 50.000€.
  • Se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos, las condonaciones de deuda por entidades de crédito y la concesión o negociación de créditos en condiciones más ventajosas que las del mercado.

 

  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado:

Recoge en un solo texto obligaciones y derechos de los cargos públicos:

  • Se exigirán unos requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, según los principios de honorabilidad, experiencia y formación.
  • Transparencia: mayor publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales. Las retribuciones de los cargos públicos deberán tener la suficiente publicidad y figurar en las normas presupuestarias de forma clara y homogénea. Se exige una declaración responsable y otra de actividades y bienes al inicio y cese; o Limitación y control sobre los gastos de representación.
  • Refuerzo de mecanismos de prevención, control y sanción.
  • Prohibición de participar, más del 10%, en sociedades que tengan cualquier vínculo con la administración.
  • Endurecimiento de la respuesta penal contra la corrupción:

El llamado “tercer pilar de la regeneración democrática” lo constituyen una serie de medidas penales y procesales para dar una respuesta clara y contundente ante aquellos comportamientos que incumplan la legalidad.

  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: refuerza el marco penal aplicable a principales delitos de corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales. Además, se crean nuevos tipos como el de financiación ilegal de los partidos políticos, se agravan las penas de inhabilitación y se aumentan los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción. Endurecimiento de las penas en supuestos de prevaricación de especial gravedad.
  • Refuerzo en la persecución de los delitos de cohecho.
  • Ampliación de las conductas tipificadas como tráfico de influencias.
  • Revisión de los delitos de fraudes y exacciones ilegales.
  • Incremento de las penas máximas para los delitos patrimoniales más graves.
  • Revisión del delito de falsedad contable.
  • Incorporación de nuevos delitos relacionados con la financiación y la gestión de los partidos.
  • En paralelo, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal para evitar lo que se conoce como “macrocausas”.
  • Agilización de los procesos judiciales en caso de corrupción, permitiendo acelerar el enjuiciamiento.
  • Agilización en casos de acumulación de procesos, vinculando esta posibilidad a la eficacia y rapidez de la instrucción.
  • Evitar que la determinación de la responsabilidad civil retrase el proceso penal.
  • Limitación de la utilización de recursos en el proceso con finalidad dilatoria.

 

  • Otras medidas:

Estas medidas se complementan con el control parlamentario del indulto, la apertura de nuevos espacios a la participación de los ciudadanos; y el incremento del control frente a la corrupción en el marco de la reforma de las AAPP y la legislación de contratos, con la ampliación de las prohibiciones de contratar con la Administración y la limitación del uso de procedimientos negociados.

 

  • Reforma de la Ley General Tributaria

Los cambios en la norma que ya está en vigor harán más transparente y eficaz la lucha contra el fraude, reducirán la conflictividad e incrementarán la seguridad jurídica.

  • Se publicará la lista de deudores con la Administración el último trimestre del año.
  • Se dará publicidad de los obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, y de los condenados por delito fiscal.
  • Se potencia la lucha contra el fraude fiscal que reducirá la conflictividad de las normas e incrementará la seguridad jurídica.
  • Se crea una nueva sanción por conductas artificiosas o fraudulentas.

 

  • Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Se trata de una herramienta contemplada en el Programa Nacional de Regeneración Democrática, puesto en marcha en 2013. Integrada en el Ministerio de Justicia con la función de incrementar la eficacia de la recuperación de activos cuya procedencia esté basada en la comisión de un delito o en la gestión económica de los mismos. Centra su actividad en:

  • La localización y recuperación de los efectos, bienes, y ganancias procedentes de actividades delictivas; especialmente, las derivadas de la corrupción, y gestión de los mismos.
  • Ofrecer asesoramiento a los juzgados y fiscalías que lo soliciten en casos como decomisos o ejecuciones de embargos.
  • Los fondos resultantes serán destinados a la reparación del daño causado a las víctimas de los delitos, incluidas las Administraciones Públicas: Indemnizaciones a las víctimas.
  • Prestación de apoyo y asistencia a las víctimas. Lucha contra la criminalidad. Medidas para la reinserción del delincuente.

La puesta en marcha de la nueva Oficina ha supuesto una disminución de los costes derivados de la gestión de los bienes embargados y decomisados, y contribuirá a descongestionar juzgados y tribunales.

 

 

Todo un paquete de medidas sin precedentes, en las que debemos seguir trabajando no solo para fortalecer las cuadernas del Estado de Derecho y toda su estructura institucional, con mayores garantías para la ciudadanía sino, y de manera especial, para generar un verdadero ecosistema hostil contra la corrupción. Porque como muy bien advertía el profesor Pendás, Director del centro de Estudios Políticos y Constitucionales, no cabe una Democracia sin Partidos Políticos.

Desde el Congreso, la constitución de la Comisión Permanente no Legislativa (cuestión que deberá analizarse tras ver el resultado de su labor y así poder reclamar esa capacidad legislativa en el futuro) para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, ha significado un paso más en ese cambio de paradigma al que hacíamos referencia. En su seno se ha creado una subcomisión de estudio sobre la financiación de los Partidos Políticos, como primer tema de trabajo. Un tema que no deja indiferente a nadie, puesto que esa financiación ha supuesto uno de los principales cleavages de los últimos años.

La financiación como eje de las recomendaciones que desde Europa nos vienen haciendo a través de los Informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)  del Consejo de Europa , sobre cumplimiento de España en la lucha contra la corrupción política y electoral. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (forman parte 49 estados) en el Informe de 2007 estableció 6 recomendaciones y en el de 2016, el Informe describía que el 84% de dichas recomendaciones habían sido cumplimentadas satisfactoriamente y tan solo un 16% parcialmente. Y todo ello teniendo en cuenta que hasta 2015 no se produce esa revolución legislativa sin precedentes en nuestra democracia. Cambios legislativos que han permitido mejorar los instrumentos en la lucha contra la corrupción, ya que antes no existían.

Nueve años de avances en los que hemos podido constatar, evaluar y focalizar además, una problemática común alrededor de las Fundaciones de los Partidos Políticos, así como de sus Grupos Institucionales (municipales, provinciales y autonómicos).

Su estudio y análisis desde una perspectiva comparada debe ser determinante para poder avanzar en la línea de conformación de una metodología para todo el continente europeo. La puesta en común de los problemas que afectan a la financiación de los partidos, nos permite visualizar un nexo común en el resto de democracias occidentales.

Los expertos tanto nacionales como internacionales que han participado en la subcomisión han venido a coincidir, en líneas generales, en lo siguiente:

  • La importancia del papel de los Partidos Políticos
  • La necesidad de armonizar una Legislación que establece una verdadera maraña normativa, buscando ese principio fundamental de o legislar más, sino mejor.
  • Potenciar la labor del Tribunal de Cuentas ya puesta en valor por la Ley 3/2015, armonizando los criterios de dación de cuentas de los Partidos.
  • Búsqueda del equilibrio entre la financiación pública y la privada
  • Romper la sensación de impunidad, con sanciones efectivas y eficientes. Más Transparencia y Rendición de Cuentas.

Conclusiones que ahora se están elaborando en base a todas las recomendaciones aportadas y que también deberán tener en cuenta el importante Informe de los profesores Rodríguez Teruel-Casal Bértoa sobre las “Bases para una posible modificación de la Ley de Financiación de Partidos en España”. Un Informe que nos avanza 9 medidas en la propuesta de reforma, centradas en tres ejes:

  1. Incrementar la participación política mejorando la relación entre partidos y ciudadanos.
  2. Más Transparencia y control
  3. Régimen sancionador efectivo y eficiente

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Nuestra Constitución recoge y hace suyo el espíritu del pluralismo político como valor constitucional, y para ello debemos fortalecer nuestro sistema político para seguir construyendo, entre todos, una verdadera sociedad cosmopolita que avance por esa nueva ventana de oportunidad que nos ofrece la Transparencia. Desde la participación de una sociedad mejor formada e informada, donde un nuevo espíritu colaborativo impregne a toda una sociedad que necesita demostrarse a sí misma, que no todo está perdido, que hay espacio y recorrido para la esperanza en generar una ciudadanía soberana que busca un cambio de paradigma en su comportamiento.

La complejidad creciente de nuestra sociedad, demanda respuestas ágiles y efectivas por parte del Estado. Y ahí va a radicar en los próximos años, el epicentro de una acción política centrada en el desarrollo de mecanismos inclusivos para una sociedad que reclama su legítimo espacio. Un equilibrio y una sostenibilidad necesaria que entre todos debemos fomentar, avanzando en esa trilogía de la nueva gobernanza: transparencia, participación y colaboración.

Me gustaría finalizar esta reflexión poniendo en valor una frase del profesor Ludwig Von Mises pronunciada en 1944: “La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”. Sigamos avanzando por el camino de la transparencia y el buen gobierno para que en un futuro la corrupción sea un problema del pasado. Un problema superado por una verdadera acción política con mayúsculas.

Juan Vicente Pérez Aras

Vocal Junta Directiva AVAPOL

Vicepresidente Segundo Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales. Congreso de los Diputados.

 

Periodismo, Publicidad y RRPP y Comunicación Audiovisual en ese orden pero en definitiva: Comunicación. En nada en Atrevia. Anteriormente en muchos y variados sitios.